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¿Debería legislarse la lucha contra la obesidad?

¿Debe ser legislada la lucha contra la obesidad?

¿Debería legislarse la lucha contra la obesidad?

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, dijo hace solo unos días que el Gobierno está comprometido con la lucha contra la obesidad infantil Agregó que se está trabajando en un plan con la industria alimentaria para reducir, en tres años, el 10% del consumo habitual de azúcar, sal y grasas.

También este mes, el gobierno andaluz aprobó un proyecto de ley para promover una vida sana y una dieta equilibrada, que fue una regla pionera en España, que, entre otras medidas, exige que los restaurantes tengan menús saludables y acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.





Esta es la primera vez que una comunidad autónoma regula el tratamiento de la obesidad, un problema que, particularmente en Andalucía, afecta al 16.6% de la población adulta, al 23% de los niños y al 15.2% de las pacientes embarazadas.

Gemma Salvador, dietista y nutricionista de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, recuerda que todo esto tiene su antecedente en 2004, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a todos los países europeos a desarrollar estrategias de prevención de la obesidad porque estaba detectando una tendencia al alza.

Luego, España se unió y creó comités y grupos de expertos para dar respuesta a esa instancia, y en 2005 nació la estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) y, en Cataluña, el plan integral para la promoción de la salud a través de la actividad física y la alimentación saludable, conocida como PAAS.

"Desde 2006, la Agencia de Salud Pública de Cataluña lidera una estrategia de promoción de estilos de vida saludables para reducir esta tendencia señalada por la OMS", destaca el colaborador del Programa de Postgrado en Salud Pública de la UPF Barcelona School of Management. Pero, ¿debería legislarse esa estrategia?

En Cataluña, según Salvador, se han observado muchos avances en la prevención de la obesidad y la mayoría de ellos se han llevado a cabo sin la necesidad de hacer cumplir la ley, pero solo con recomendaciones. El impuesto a las bebidas azucaradas de 2017, sin embargo, tomó el campo legislativo.

Con la nueva norma, en Andalucía, los centros educativos deberán establecer, dentro de dos años, un tiempo mínimo recomendado de cinco horas efectivas por semana de actividad física, algo que Salvador reconoce que sin el respaldo de la ley es prácticamente imposible.





"En Cataluña se ha intentado muchas veces aumentar las horas de actividad física de los escolares durante el horario escolar, pero la obligación actual es solo de una hora a la semana", agrega.





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